jueves, 12 de abril de 2012

REFORMA CODIGO PENAL: ¿EL FIN DE LA DEMOCRACIA?

A la par de los brutales recortes económicos y sociales a los trabajadores, (siempre los que menos tienen), y protección de las grandes fortunas, que son intocables para este desGobierno de Rajoy, viene ahora el ministro de Interior, Fernández Díaz, con la amenaza de duras reformas del Código Penal.
Parece que queda claro el antes y después que el Movimiento 15M conllevó. Movimiento que con sus protestas pacíficas supuso un revulsivo en muchas conciencias y un despertar en la necesidad de que los políticos tienen que dejar de ser una casta privilegiada, con sueldos y privilegios enormes, y poca o nula, muchas veces, su preocupación por el bien de la ciudadanía. Demostraron estos jóvenes y menos jóvenes la falacia de Fraga, cuando en tiempos declaraba "La calle es mía". No. La calle no es de los políticos ni de las fuerzas armadas. La calle es de todos los ciudadanos. Y así lo demostró el valiente y admirable movimiento 15M.

Se atreve a decir Fernández Díaz que será considerado delito de atentado a la autoridad la resistencia pasiva. De igual manera, la convocatoria a manifestaciones o concentraciones a través de las redes sociales podrá estar penalizado hasta con dos años de cárcel.


La resistencia pasiva de Gandhi, sentado ante la embajada británica en la India, fue la desobediencia civil no violenta; su resultado fue la independencia de la India.
Este tipo de arma, la no violencia, es temida por todos aquello acostumbrados a usar la fuerza como instrumento para vencer al otro, al 'enemigo'. Por ese motivo se va a legislar contra ella, contra la resistencia pasiva.


Intelectuales, abogados y activistas del Movimiento 15M piensan que esto es inviable. Consideran que es una manera de meter miedo a la gente que ha estado adhiriéndose con indignación y por convencimiento a las protestas sociales, a la Primavera valenciana-Estudiantes del Lluís Vives de Valencia, la Huelga General del 29M,  y las grandiosas manifestaciones a lo largo y ancho de España en contra de los recortes sociales y económicos, esto último también conocido en la neolengua neocón como Reforma laboral. 
El PP no quiere que la gente proteste. Que se queden en casita, boquita cerrada, como en los mejores tiempos franquistas: Pensamiento Único, prohibido pensar por sí mismo, ni tener ideas propias, so pena de cárcel. De llegar a suceder esto, sería el fin de la Democracia, y esto no es ninguna broma. Es un gran peligro que nos está acechando.
Sin embargo la Constitución nos ampara. Ya se han saltado el art. 17, en sus cuatro apartados,  en las detenciones de jóvenes del Movimiento Estudiantes Lluís Vives y en la Huelga General del 29M.

El art. 20. a) de la Carta Magna nos protege para "expresar y difundir libremente los pensamientos y opiniones mediante la palabra, el escrito u otro medio de reproducción".
Exponer, por tanto, en la calle en manifestación o en concentraciones pacíficas las ideas críticas contra las aberraciones cometidas por un gobierno que nos está ahogando a los ciudadanos nos está permitido por la Constitución.

Ahora, a este Gobierno y a cualquier otro, las redes sociales se les van de las manos, por ello quieren también penar las convocatorias por este medio. Si embargo, el art.18.4 de la Constitución dice: " la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y en pleno ejercicio de sus derechos"
Nada se dice aquí de prohibir a través de las redes el quedar para una concentración o manifestación pacíficas.

¿Van estos personajes del PP a modificar la Constitución de 1987 en lo referente a los Derechos de la Ciudadanía? Eso sería ir contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948. Nada es imposible en este tipo de lumbreras con ADN dictatorial.
Además, convocar para hacer estragos o matar a alguien es propio de psicópatas o de mercenarios a sueldo, no de gente normal que sale a la calle en defensa de sus derechos A no ser que para este Gobierno la defensa de lo propio sea considerada acción terrorista. Y si durante una manifestación pacífica, incluso con aires festivos, surge algún que otro despropósito no deseado es tarea de la policía el controlar los hechos y saber diferenciar con claridad quiénes han provocado el desorden.

Durante la dictadura franquista la esperanza estaba puesta allende los Pirineos. Europa, y en especial Francia, era nuestra salvación. Pero ahora Europa es cómplice de este cambio total de sistema, con la imposición absoluta de la dictadura del capital. Poca o ninguna confianza podemos depositar en los políticos, cuyas tareas, mayoritariamente hablando, son aquello de Forges: "¿Qué hay de lo mío?".  Nos queda, pues, la confianza en nosotros mismos, en la defensa honrosa de nuestra dignidad, en nuestra sensatez y certeza de que nuestra fuerza es la razón y la unión de todos los demócratas progresistas.  Juntos siempre podremos. 


Quizá este anuncio de Fernández Díaz no sea más que una cortina de humo con dos finalidades: a) desviar la atención ante la atrocidad de los Recortes económicosociales; b) meter miedo a la inmensa mayoría de gente para que no se sume a la protestas generalizadas en defensa de los derechos de todos.


Sea como sea, aquí juega un papel muy importante la oposición toda. Es tan grave la amenaza de reforma del Código Penal, que nadie de ningún partido político progresista puede quedarse al margen. Aquí no caben tibias palabras de rechazo. Ni aquello de que determinadas tareas en defensa de los derechos de la ciudadanía corresponden a los Sindicatos. Aquí, necesariamente, todos tiene que mojarse; y no solo apoyar abiertamente y sin complejos las propuestas sindicales y ciudadanas, sino movilizar desde su responsabilidad política de izquierdas e informar claramente de los derechos inalienables que nos protegen, a la vez que poner los equipos jurídicos de cada partido al servicio de la ciudadanía ante cualquier brutal e ilegítimo abuso que pudiera derivarse  del hecho de protestar cívica y pacíficamente por los atropellos sufridos de manos de un Gobierno heredero fiel del franquismo.

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